Almassora aplaza declarar BIC las casas de la playa por si Rajoy gana las elecciones

El equipo de gobierno de Almassora pospondrá la tramitación de la declaración de Bien de Relevancia Local (BRL) de las casas antiguas de la playa a después de las elecciones generales. El Partido Popular se ha comprometido, si llega al Gobierno central, a aprobar una moratoria a la Ley de Costas de 1988 para conservar todas las viviendas construidas antes de esa fecha. Es por ello que los dirigentes municipales confían en que el previsible acceso de Mariano Rajoy a la Moncloa evite la declaración de esta figura en Almassora.

El portavoz del Bloc, Xavier Trenco, fue el impulsor de este proyecto a través de una moción elevada al pleno el pasado mes de abril. En aquella sesión, el nacionalista accedió a retirar la propuesta ante el compromiso de los líderes municipales de consultar con los vecinos afectados el inicio de los trámites para, sólo en el caso de un acuerdo unánime, continuar adelante con la propuesta. Medio año después, Trenco aprovechó la sesión plenaria de esta semana para interesarse por el proyecto. Es entonces cuando el primer edil, Vicente Casanova, le informó de la paralización momentánea de la iniciativa a expensas de los resultados del 20-N.

Queda pendiente, por tanto, la reunión con los propietarios de viviendas antiguas en la costa de Almassora. Los técnicos municipales, según el alcalde, sí tienen listo ya el borrador del informe que establece las características excepcionales de la zona. Los portavoces de la oposición lo conocerán una vez que sea definitivo. Sin embargo, podría quedarse en un cajón si el Partido Popular gana las próximas elecciones y cumple su compromiso de “conservar, no proteger, los edificios”, según puntualizó Casanova.

El equipo de gobierno local siempre ha defendido que la declaración de esta figura supone ventajas e inconvenientes para los propietarios de las casas. En caso de que formaran parte del catálogo de bienes protegidos, perderían el aprovechamiento urbanístico y verían limitada la posibilidad de reformar las viviendas, sobre todo, en cuanto a la estructura y la fachada. Sin embargo, el portavoz del Bloc criticó ayer que el PP está empeñado en “buscar pegas en lugar de ventajas porque es una cuestión más política que técnica”. Trenco lamentó que haya pasado medio año sin consultar a los vecinos. “La tramitación es muy largo, por lo que cuanto antes se empiece, mejor”, indicó.

Modelo urbanístico

Para el Bloc, la causa de esta demora es que el equipo de gobierno “no valora la singularidad de la playa, que nos puede gustar más o menos, pero es única”. “Están obcecados con el paseo marítimo y con un modelo turístico que nosotros no compartimos”, apuntó ayer. La Ley de Costas fija en 2018 el plazo máximo para la desaparición de todas las construcciones ubicadas en suelo de dominio público marítimo-terrestre, es decir, en espacios ganados al mar. En la provincia hay 600 edificaciones en esta situación, según los datos de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas del Litoral Castellonense.

En este sentido, el PP insiste en que las casas de la costa de Almassora, edificadas en suelo urbano consolidado antes de la promulgación de la ley y fuera de los límites de servidumbre, no corren peligro de derribo. Su caballo de batalla es la construcción del paseo marítimo, que evitará la demolición de viviendas pero no la afección sobre porches y jardines. La actual negativa de la Jefatura Provincial de Costas a situar el paseo sobre el Muro, como ha demandado el Ayuntamiento, obligará a actuar en las terrazas de algunas propiedades.

Frente común

Amassora no es la única localidad de la provincia con intención de proteger sus construcciones costeras frente a la aplicación retroactiva de la Ley de Costas. Nules ha liderado el frente común contra los derribos. Ya en 2010, su alcalde, Mario García, anunció el inicio de los trámites para solicitar a la Conselleria de Cultura la declaración de las casas como Bien de Relevancia Local de entre las 242 afectadas por la orden. Copió así la iniciativa de Almenara, que comenzó el proceso en septiembre de 2009 a petición de los residentes. El primer edil de Moncofa, José Vicente Isach, siguió su ejemplo en enero de 2010 para proteger 91 construcciones afectadas. Como los anteriores, Xilxes, Burriana y Cabanes optaron por la misma estrategia al margen de las discrepancias políticas de sus dirigentes, pero la burocracia se extiende sin una declaración efectiva.

Todos ellos se sumaron a la campaña de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas del Litoral Castellonense, impulsada por la Diputación de Castellón y las asociaciones de vecinos el pasado mes de febrero. En primavera presentaron ante el Parlamento Europeo más de 12.000 firmas recogidas en contra de la aplicación retroactiva de la Ley de Costas.

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