Reunión sobre la futura Ley de Costas

El diputado de Desarrollo Sostenible, Mario García, se reunió ayer con los responsables de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral castellonense. Un encuentro que se produce tras el reciente anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de revisar y reformar la vigente Ley de Costas. «Una declaración de intenciones que nos hace abrigar esperanzas positivas a los miles de afectados por la misma en la provincia de Castelló». En la reunión también se analizó el plan de «lobby» de la asociación y sus próximas actuaciones. García destacó «el giro absoluto a la política inmovilista y caduca de la aplicación de la Ley de Costas. Celebramos el cambio de mentalidad del gobierno y que, como mínimo, esté dispuesto a abrir un diálogo con todos los organismos afectados a lo largo y ancho del litoral castellonense. Hemos pasado de tener todas las puertas cerradas para la defensa del litoral castellonense, las viviendas en primera línea de playa o el deslinde del Prat a encontrárnoslas abiertas de par en par». García añadió que «en mes y medio no se pueden hacer más cosas, estamos ilusionados y esperanzados que ahora se escuchen las demandas de los vecinos y ayuntamientos. Queremos una modificación de la ley inmediata, pero lo más importante es que se nos ha dado la razón a lo que veníamos demandando durante años aquí y en Europa. No estábamos locos, defender nuestro territorio no solo era justo sino que además se ajustaba a derecho». Por su parte el senador del PP, Vicente Aparici, recordó que «la aplicación de la Ley de Costas que data de 1988 afecta a unos 160.000 ciudadanos tanto españoles como extranjeros y ha sido a lo largo de los años objeto de numerosas críticas, controversias y resoluciones judiciales incluso fuera de nuestras fronteras». El parlamentario castellonense añadió que el miércoles, en el pleno del Senado, se aprobará la modificación de la Ley. «A partir de ahí, comienza una importante labor y trabajo para la protección de costas o la prórroga a las concesiones administrativas, pero habrá que estudiar cada caso de forma puntual». El Levante