Se indultarán 600 casas en Castellón

Los cambios en la actual ley de Costas que ayer aprobó el Consejo de Ministros salvarán de la demolición las 600 viviendas que están en primera línea de costa en la provincia. El proyecto de ley que se dio a conocer tras el Consejo de Ministros recoge la ampliación a 75 años la concesión de estos inmuebles, pese a que desde muchos frentes –uno de ellos Castellón– se había reclamado que el plazo fuera ya sine die. De hecho, el diputado de Sostenibilidad y alcalde de Nules, Mario García, quien se encarga de coordinar en el ámbito provincial todo lo referente a la regeneración, seguirá luchando para conseguir que el periodo de cesión de las casas no concluya. De todos modos, el mandatario lamentó que el proyecto de ley no deje todavía más claro que las viviendas de la playa de Burriana, Moncofa, Almenara, Nules y Xilxes podrán acogerse a la ampliación de 75 años que se aprobó ayer. “El documento es un tanto ambiguo en algunos aspectos, y lo que desearía es que las cuestiones estuvieran más claras para no tener problemas en un futuro”, explicó el alcalde de Nules. Esta no es la única matización que se plantea tras analizar los recientes cambios gubernamentales. García señaló que alguien debería detallar los pasos para poder revisar los deslindes. “¿Cuál es el proceso que debe realizar un alcalde? Algunos dominios en pueblos de Castellón han cambiado debido a la mar. ¿Cómo se corrige esa situación?”, añadió. DISCRIMINACIÓN // Pero hay una tercera cuestión por la cuál también pedirá explicaciones el diputado provincial. En el anexo primero del proyecto de ley de modificación de la actual normativa costera se marcan 10 zonas de municipios españoles -ninguna en la provincia- que automáticamente se desafectan del dominio público marítimo-terrestre y pasan a ser patrimonio del Estado. De este modo, el Ministerio de Hacienda puede sacar a concurso estas viviendas y se puede recuperar en propiedad el terreno en cualquier momento. “¿Qué criterios han seguido para dotarles de esta posibilidad a esos 10 y a nosotros no? Por lo que he podido comprobar, en mi localidad y en otras de Castellón se cumplen todos los requisitos para ser patrimonio”, señaló. El coordinador provincial de las cuestiones del dominio marítimo tiene intención de ponerse en contacto con los alcaldes afectados por las viviendas de primera línea de playa para exponerles sus dudas, analizar con profundidad la propuesta que el Consejo de Ministros sacó adelante ayer y estudiar los pasos a tomar ahora. Por lo pronto, el Gobierno central todavía no ha especificado cuál será el periodo para que las administraciones y los afectados puedan alegar. “Confío en que nos escuchen, en que las cosas puedan mejorar y en que se resuelvan las dudas. De todos modos, quiero dejar claro que valoro muy positivamente que se haya podido iniciar este debate y estemos hablando ahora de cambios en la normativa”, matizó. LAS MODIFICACIONES // Sobre las principales modificaciones con respecto a la actual normativa, el nuevo documento define mejor el alcance del dominio público marítimo terrestre y aplica criterios técnicos para deslindar la costa. La reforma también introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá “un nivel de protección mayor” al vigente. Para reforzar los mecanismos de protección del litoral, la Administración del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales para evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales. Queda mucho recorrido. El proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley de Costas de 1988 aprobado a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) comienza a ahora su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. Edición en papel El Mediterráneo