La plataforma ciudadana liderada por la Diputación de Castellón para la protección de las viviendas se reunirá esta semana para debatir el anuncio sorpresa por parte del Gobierno en funciones socialista de construir 13 espigones e invertir 60 millones de euros entre Burriana y Sagunto. El portavoz del colectivo y también diputado provincial, Mario García, aseguró ayer a Mediterráneo que “voy a convocarles para tratar este asunto, ya que nos sentimos engañados porque ni siquiera nos han informado ni hemos recibido ninguna notificación”. En esa cita “se perfilarán las acciones a tomar a partir de ahora, ya que pediremos explicaciones de porqué el Gobierno no nos ha dicho nada todavía”. Para García, “es incomprensible” que el alcalde de Almenara, (el socialista Vicent Gil) y el diputado Ximo Puig anuncien “por su cuenta el plan en la costa sin convocar a ningún municipio y sin remitirnos la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, que, por otra parte, no sabemos porqué ellos han sido los primeros en ser informados, ignorando al resto de los ayuntamientos”. Precisamente la reunión con los afectados que en un principio quería convocar García se centraría en la negativa de Costas a frenar la orden de derribo de una casa en Moncofa. El dictamen estatal ha variado los planes de la entidad y se suma a la lista de peticiones que el colectivo quiere debatir con la futura administración del Partido Popular. El también alcalde de Nules indicó que “ni se ha consensuado la solución propuesta para la regeneración y ni siquiera tenemos el estudio de la Universidad de Cantabria en el que se basa”. EN CLAVE POLÍTICA // A pesar de las críticas al PSOE, García insistió en que “no se trata de una cuestión política, ya que la plataforma nació para que fuéramos todos juntos de la mano”. Además, incidió en que “quienes han querido politizar el asunto han sido los socialistas, dando este paso justo antes de irse para exigir después los 60 millones”. También reprochó que “no avisen tampoco a Moncofa, donde no saben nada del tema”

La prioridad es frenar los derribos y pedir la modificación de la ley costera de 1988

Sin duda, para la plataforma provincial en defensa del litoral, la prioridad pasa ahora por frenar los derribos y “revisar la ley de Costas”, explicó su portavoz, Mario García. El objetivo es pedir la moratoria de la normativa, datada de 1988, para evitar las demoliciones de las casas situadas en domino público terrestre, una circunstancia causada por la erosión marina. Para García, “Costas ha tratado de tapar la noticia de la orden de derribo de Moncofa y ha puesto este parche”. Precisamente, el miércoles el también alcalde de Nules arropó a su homólogo moncofense, el socialista Jaime Picher, cuando pidió (sin éxito) al jefe provincial de Costas, Ignacio Gil, que parara la demolición. Una decisión que ha levantado ampollas. Edición en papel de El Mediterráneo