Diputación liderará la lucha contra la actual ley de Costas en Europa

Los alcaldes de Nules y Xilxes, Mario García y Vicente Lapuerta, respectivamente, solicitaron ayer a la Diputación de Castellón que lidere una estrategia para pedir una moratoria a la polémica ley de Costas del año 1988. Este es uno de los resultados de la reunión que mantuvieron con el vicepresidente del ente provincial, Vicent Aparici, para plantear los pasos a seguir para paralizar esta norma mientras no haya acciones contra la regresión pidiendo ayuda a la Unión Europea (UE). Los dos munícipes han adoptado esta decisión después de las reuniones mantenidas por Diputación con la eurodiputada británica Marta Andreasen –encargada de esta materia–, quien les ofreció su apoyo para defender a los municipios de la Plana ante los derribos de viviendas. En concreto, los primeros ediles han considerado que es oportuno que la institución provincial encabece este programa de trabajo que, “necesariamente, tiene que pasar por una modificación de la normativa relativa al litoral”. En concreto, García señaló que “nos hemos dado cuenta que en Europa nos atienden mejor y más rápido que en España y tenemos que preparar una buena estrategia para luchar contra una legislación que está desfasada y que aplica unos criterios de retroactividad que no se entienden”. Y recordó que “hace meses que esperamos que el subdelegado del Gobierno nos reciba para ver cómo lograr una moratoria de la ley y no tenemos respuesta”. Lapuerta, por su parte, indicó que la “Diputación cuenta con más medios que los ayuntamientos para mover el tema por Europa”. “No podemos quedarnos parados porque en Xilxes ya hemos sufrido los derribos y, ahora, están amenazadas 92 viviendas”. Desde la Diputación aseguran que, a través de esta estrategia que se va a iniciar, pretenden que Bruselas medie ante el Gobierno, competente en esta materia, en la medida de los posible, para paralizar la aplicación de la ley que se plantea desde Madrid. El primer edil nulense remarcó que la de ayer “es solo la primera de un conjunto de reuniones en las que nos gustaría que estuvieran todos los municipios afectados”. “El ente provincial no excluye a nadie y es muy importante definir bien la línea a seguir”, insistió. Además, apuntó que “cada localidad del litoral está afectada de diferente manera por la norma de 1988, por lo que se deben tener en cuenta las diferentes posiciones existentes”. Por su parte, Aparici adelantó que “se van a realizar los trabajos necesarios y encaminados a responder a la petición de la eurodiputada Andreasen de contar con más información del tema” El Mediterráneo