El Ayuntamiento de Almassora estudia adecuar el importe de las subvenciones que reciben las asociaciones locales al número de socios, así como a las actividades que realizan, según han confirmado fuentes municipales. Hasta el momento, se concedía la misma cantidad a todas las organizaciones de igual índole, es decir, según eran de vecinos, deportivas, culturales, etc. Sin embargo, y en vistas de la concesión de las ayudas del próximo ejercicio económico, el consistorio está valorando la posibilidad de que el importe varíe entre unas y otras y tendrá muy en cuenta los proyectos que llevan a cabo y si suponen un beneficio para la localidad. De este modo, el consistorio da un paso adelante para racionalizar el gasto en tiempos de crisis. Una medida que, tal como incidieron las mismas fuentes, aún no está definida ni aprobada, y que perseguiría la justificación de las partidas. Por lo pronto, y con dicha finalidad, desde el consistorio ya se está solicitando a todas las entidades locales los documentos necesarios para conceder la subvención, entre ellos, los relativos al número de socios así como la cuota que ingresan.   CRÍTICA socialista // El edil del partido socialista Joan Antoni Trenco ha criticado que se pida un listado con los nombres y apellidos de los asociados. Un hecho que han confirmado varias entidades que aseguran que anteriormente “solo se había acreditado el número de componentes, pero no se había revelado su identidad”. En opinión de Trenco, esta demanda “no es compatible con la ley de protección de datos” por lo que pide que se dé marcha atrás y que no se cometa la que podría ser una ilegalidad. Desde el equipo de gobierno indicaron desconocer la petición y aseguraron que, de ser incompatible, no se llevará a cabo porque no se quiere perjudicar a nadie.   LOS CRITERIOS // Para convertirse en beneficiarios, las agrupaciones deben presentar la documentación requerida acompañada de instancia normalizada en el registro general, entre la que se encuentra, una memoria detallada de los programas a desarrollar, con un presupuesto desglosado de los mismos durante el ejercicio; la declaración de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias; los estatutos, junto con el número de inscripción en el registro general de asociaciones, así como en otros públicos, el acta de sesión del nombramiento de los representantes o cargos directivos, el domicilio y la certificación de sus socios. Además, se requiere que la justificación total de la subvención se haga efectiva dentro del plazo marcado. Edición en papel de El Mediterráneo

El equipo de gobierno de Almassora pospondrá la tramitación de la declaración de Bien de Relevancia Local (BRL) de las casas antiguas de la playa a después de las elecciones generales. El Partido Popular se ha comprometido, si llega al Gobierno central, a aprobar una moratoria a la Ley de Costas de 1988 para conservar todas las viviendas construidas antes de esa fecha. Es por ello que los dirigentes municipales confían en que el previsible acceso de Mariano Rajoy a la Moncloa evite la declaración de esta figura en Almassora.

El portavoz del Bloc, Xavier Trenco, fue el impulsor de este proyecto a través de una moción elevada al pleno el pasado mes de abril. En aquella sesión, el nacionalista accedió a retirar la propuesta ante el compromiso de los líderes municipales de consultar con los vecinos afectados el inicio de los trámites para, sólo en el caso de un acuerdo unánime, continuar adelante con la propuesta. Medio año después, Trenco aprovechó la sesión plenaria de esta semana para interesarse por el proyecto. Es entonces cuando el primer edil, Vicente Casanova, le informó de la paralización momentánea de la iniciativa a expensas de los resultados del 20-N.

Queda pendiente, por tanto, la reunión con los propietarios de viviendas antiguas en la costa de Almassora. Los técnicos municipales, según el alcalde, sí tienen listo ya el borrador del informe que establece las características excepcionales de la zona. Los portavoces de la oposición lo conocerán una vez que sea definitivo. Sin embargo, podría quedarse en un cajón si el Partido Popular gana las próximas elecciones y cumple su compromiso de “conservar, no proteger, los edificios”, según puntualizó Casanova.

El equipo de gobierno local siempre ha defendido que la declaración de esta figura supone ventajas e inconvenientes para los propietarios de las casas. En caso de que formaran parte del catálogo de bienes protegidos, perderían el aprovechamiento urbanístico y verían limitada la posibilidad de reformar las viviendas, sobre todo, en cuanto a la estructura y la fachada. Sin embargo, el portavoz del Bloc criticó ayer que el PP está empeñado en “buscar pegas en lugar de ventajas porque es una cuestión más política que técnica”. Trenco lamentó que haya pasado medio año sin consultar a los vecinos. “La tramitación es muy largo, por lo que cuanto antes se empiece, mejor”, indicó.

Modelo urbanístico

Para el Bloc, la causa de esta demora es que el equipo de gobierno “no valora la singularidad de la playa, que nos puede gustar más o menos, pero es única”. “Están obcecados con el paseo marítimo y con un modelo turístico que nosotros no compartimos”, apuntó ayer. La Ley de Costas fija en 2018 el plazo máximo para la desaparición de todas las construcciones ubicadas en suelo de dominio público marítimo-terrestre, es decir, en espacios ganados al mar. En la provincia hay 600 edificaciones en esta situación, según los datos de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas del Litoral Castellonense.

En este sentido, el PP insiste en que las casas de la costa de Almassora, edificadas en suelo urbano consolidado antes de la promulgación de la ley y fuera de los límites de servidumbre, no corren peligro de derribo. Su caballo de batalla es la construcción del paseo marítimo, que evitará la demolición de viviendas pero no la afección sobre porches y jardines. La actual negativa de la Jefatura Provincial de Costas a situar el paseo sobre el Muro, como ha demandado el Ayuntamiento, obligará a actuar en las terrazas de algunas propiedades.

Frente común

Amassora no es la única localidad de la provincia con intención de proteger sus construcciones costeras frente a la aplicación retroactiva de la Ley de Costas. Nules ha liderado el frente común contra los derribos. Ya en 2010, su alcalde, Mario García, anunció el inicio de los trámites para solicitar a la Conselleria de Cultura la declaración de las casas como Bien de Relevancia Local de entre las 242 afectadas por la orden. Copió así la iniciativa de Almenara, que comenzó el proceso en septiembre de 2009 a petición de los residentes. El primer edil de Moncofa, José Vicente Isach, siguió su ejemplo en enero de 2010 para proteger 91 construcciones afectadas. Como los anteriores, Xilxes, Burriana y Cabanes optaron por la misma estrategia al margen de las discrepancias políticas de sus dirigentes, pero la burocracia se extiende sin una declaración efectiva.

Todos ellos se sumaron a la campaña de la Plataforma para la Defensa de las Viviendas del Litoral Castellonense, impulsada por la Diputación de Castellón y las asociaciones de vecinos el pasado mes de febrero. En primavera presentaron ante el Parlamento Europeo más de 12.000 firmas recogidas en contra de la aplicación retroactiva de la Ley de Costas.

Edición en papel El Levante

Estimats socis us fem arribar una breu comunicació per recordar-vos els actes que tenim prevists aquesta setmana. 1) El dimarts 18 d’octubre a les 19h. al Saló del Llaurador tenim prevista l’activitat del Club de Lectura, a posteriori s’agrairà l’assistència amb una «picaeta». Prèviament  a l’acte, a les 18h., aquells que desitgen anar a l’excursió a Tirig, que està prevista per a aquest proper dissabte 22 d’octubre, poden passar a abonar el preu del viatge( 20 euros per persona), si no ho han fet ja l’ingrés  al compte de l’associació. 2) El dissabte 22 d’octubre serà l’excursió a Tirig. Recordeu, eixim a les 9h. des de la JIJONENCA. No oblideu portar calcer i roba còmoda. Gràcies per la vostra participació.

El Ayuntamiento de Castellón mostró “comprensión” hacia la petición de los vecinos de Almassora para que se adecuen los caminos Fadrell y Mitjera que bordean el polígono industrial del Serrallo. En este sentido, el concejal de Urbanismo del consistorio de la capital, Miguel Ángel Mulet, valoró como “lógicas” y “totalmente comprensibles” las demandas de los residentes almazorenses en la zona limítrofe con Castellón. En declaraciones a Mediterráneo, Mulet señaló que los viales afectados necesitan “efectivamente una adecuación”. En este sentido, afirmó que el consistorio castellonense está “trabajando en ello, en colaboración con otras instituciones”. Así, se barajan diferentes soluciones que permitan arreglar estas sendas. Una de ellas sería la inclusión de estos trabajos, que afectarían a ambos términos municipales, a través de las obras contempladas en el Plan Provincial de Obras y Servicios (POYS) de la Diputación de Castellón. REUNIONES RECIENTES // Además, recientemente se han mantenido reuniones con el alcalde de Almassora, Vicente Casanova, en las que ha quedado patente la “voluntad firme” de resolver estas deficiencias en los caminos. En este sentido, Miguel Ángel Mulet, manifestó que en este proyecto de mejora viaria “también se buscará la colaboración de la Conselleria de Infraestructuras”. “Estamos abiertos a mantener un diálogo constante tanto con los vecinos, como con las administraciones implicadas”, expuso el edil responsable de Urbanismo. “Nuestro principal interés es que tanto los castellonenses, como los almazorenses que utilizan estos caminos lo puedan hacer con las mejores condiciones de seguridad”, apuntó Miguel Ángel Mulet. El pasado viernes, la Asociación Playa de Almassora entregó 1.500 firmas en el ayuntamiento de la capital de la Plana reclamando la mejora de las sendas. Las principales deficiencias denunciadas son el mal estado del firme, señalización insuficiente y la ausencia de protecciones que impidan, por ejemplo, las caídas a las acequias. El Mediterráneo

Los trabajos de adecuación del Camí Om Blanc de la playa de Almassora comenzarán “lo antes posible”, según ha confirmado el alcalde de la localidad, Vicente Casanova, quien ha incidido en que diversos “problemas administrativos” están haciendo más costoso el proceso que llevará a remodelar el vial, al que se destina una inversión de 450.000 euros. Casanova ha informado de que, tras realizar durante el verano la segregación de las 23 propiedades afectadas, se han encontrado problemas en algunas de las escrituras por parte del notario, como es el caso de varias tierras embargadas. Este hecho ha acarreado que el proceso, que se estimaba que podría estar listo durante el mes de septiembre, se alargue. El propio alcalde de Almassora ha confirmado que está previsto que a finales de la próxima semana las escrituras sean revisadas por los técnicos municipales para que estos las verifiquen. Una vez culminado este proceso, será cuando los propietarios de las acequias sean convocados para firmar ante notario el tramo que confronta con sus terrenos. FECHA // Al respecto, el primer edil almazorense no ha querido dar una fecha para el inicio de las obras de adecuación del vial, pero sí ha dejado claro que la idea “es adelantar todo lo posible”. En este sentido, Vicente Casanova ha señalado que los trabajos se sacaron a licitación a principios del verano con el objetivo de que ambos procesos estuvieran listos al mismo tiempo. Así, el consistorio ya ha adjudicado el proyecto a una de las siete empresas adjudicatarias que pujaron por el mismo. Sin embargo, la contratación no se hará efectiva ni pública hasta que la totalidad de los propietarios cedan los terrenos. Cabe recordar que a principios de año, y tras estancarse el proceso debido a las protestas de algunos dueños por la titularidad de los canales de riego, el Ayuntamiento de Almassora les convocó a una reunión donde se informó de las condiciones legales para poder hacer efectiva la actuación. En dicho encuentro, los vecinos recibieron un documento en el que, de forma voluntaria, debían mostrar su conformidad, tal y como hicieron en su totalidad poco después. PROYECTO // La solución adoptada pasa por actuar en una superficie total de 8.271,40 m2 sobre los que se demolerán las aceras, se rebajará el ancho de la calzada a asfaltar y se realizará el correspondiente relleno. Asimismo, la actuación contempla la construcción parcial de la red de telefonía, la instalación de la red de goteo, la cubrición de acequias, el pavimentado de aceras, el asfaltado de la vía y el mobiliario Edición en papel de El Mediterráneo