El anuncio de la modificación de la ley de Costas de 1988 por parte del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha arrojado luz sobre el sombrío camino que los alcaldes del litoral castellonense llevan años recorriendo en busca de soluciones contra la regresión marítima. Un escenario que ha conllevado la creación de deslindes, los derribos de casas que acabaron ubicadas en dominio público por la falta de obras que frenaran el avance del mar así como la prohibición y las restricciones a los chiringuitos. Así, los munícipes aplauden la iniciativa del popular Arias Cañete aunque hacen especial hincapié en que necesitan “acciones concretas y urgentes”, y confían en un plan integral de actuación en toda la costa de Castellón. En este sentido, el diputado provincial y alcalde de Nules, Mario García, transmitió ayer al de Cabanes, Francisco Artola, y a los empresarios de esa localidad su “satisfacción” por la noticia y ratificó que “lucharemos por defender los intereses de vecinos y emprendedores de Vinaròs a Almenara”. Además, recordó que “con el cambio de Gobierno estamos ante un contexto nuevo que se va a traducir en mejoras”. De hecho, el alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, aprovechó ayer una junta de seguridad con el nuevo subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles, para trasladarle las exigencias de la zona norte, que requieren actuaciones “de emergencia con proyectos de regresión encallados desde hace años”. Al igual que Rafael Albert, en Orpesa, quien denunció que, “en ocho años de Ejecutivo socialista, Costas solo ha actuado en la zona orpesina para denunciarnos por dos obras y ha derribado el puente sobre el río Chinchilla, que nos ha dejado sin acceso litoral a Marina d’Or”. En cuanto al sector turístico, también en todas las localidades coinciden en que la anticuada ley de 1988 “ha hecho mucho daño con la prohibición de los chiringuitos o la merma en el espacio de estos. En Burriana, por ejemplo, José Ramón Calpe constata que “las playas son un recurso turístico que se debe impulsar”. La unanimidad en la lucha por la costa castellonense es tal que no entiende de colores políticos. El munícipe socialista de Moncofa, Jaime Picher, expuso que “la prioridad es regenerar y evitar que se tiren más viviendas”, y, en Almassora, Vicente Casanova argumentó que “estamos esperanzados por una reforma que tanto peleamos todos los partidos”. El Mediterráneo, edición papel

Ayer el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, concretó los cinco pilares sobre los que se sustentará su política en este sentido y aseguró que variará la normativa sobre la salvaguarda del dominio público marítimo terrestre “con el objetivo de hacer compatible la protección del litoral con el desarrollo de las actividades económicas y con la seguridad jurídica”. En este sentido, la diputada popular nacional por Castellón Andrea Fabra señaló que se tratará de combinar “la instalación de chiringuitos y las casas levantadas antes de 1988 y que tenían derechos adquiridos”. Precisamente, esta es una de las principales reivindicaciones de la provincia debido a las órdenes de derribo para inmuebles situados a primera línea del litoral al estar ubicados en terreno público. Una circunstancia provocada, a su vez, por la paulatina regresión marina, ya que esas viviendas, cuando se construyeron, estaban fuera del espacio delimitado. En cuanto a los locales de ocio, Castellón también reclama poder instalarlos, ya que las estrictas medidas impuestas han obligado a desplazar estos negocios, que contribuyen a mejorar el turismo, una de las mayores fuentes de ingresos para Castellón. En la provincia hay más de 600 casas en el punto de mira debido a los nuevos deslindes marcados por el anterior Ministerio. El diputado provincial y alcalde de Nules, Mario García, consideró de “sentido común” este cambio. Y es que su localidad es una de las más afectadas, con 200 inmuebles en peligro. Asimismo exigió al Gobierno que comunique “desde el minuto cero al jefe provincial de Costas, Ignacio Gil, que debe paralizar las demoliciones”. Gil todavía ejerce en funciones e incluso estuvo presente hace unas semanas en el derribo sorpresa del puente sobre el río Chinchilla en Orpesa. Una decisión que dejó sin acceso por el litoral al complejo Marina d’Or.   OTRAS MEDIDAS // Otras acciones que anunció Cañete en esta materia son la conservación y recuperación de zonas marítimas y de terrenos degradados, así como la puesta en valor de las playas, entre otros. Para el presidente de la Diputación, Javier Moliner, el anuncio supone que el Gobierno haya asumido la mitad del decálogo de reivindicaciones que le transmitió a Mariano Rajoy para esta legislatura. “Estoy muy orgulloso de tener un ministro que se moja por hacer justicia con las reivindicaciones sobre Costas”, dijo. Además, Moliner destacó con la reforma “no solo no se lesionan las propiedades públicas o privadas, sino que, además, se pueden emprender acciones de dinamización económica”, en referencia a los chiringuitos playeros. Por otro lado, afirmó que “ante esta ágil respuesta del Estado, hemos puesto fin a ocho años de pesadillas en que el exgobierno socialista había metido a esta provincia en deslindes costeros”. La misma tesis sobre la celeridad estatal sostiene Andrea Fabra, aunque insistió en que “durante la modificación de la ley se deben tener en cuenta las circunstancias de Castellón y la problemática de la provincia, pero me consta que el Ministerio es consciente de lo que ocurre y su disposición es inmejorable”. En la misma línea se pronuncia García: “hay que vigilar los cambios y contar con Castellón”. Sin embargo, resaltó “la implicación, el trabajo y la lucha de la plataforma provincial de afectados por conservar sus casas” El Mediterráneo, edición papel

Alcaldes y portavoces de la Plana Baixa del PP han transmitido a los senadores Araceli Peris, Alfonso Ferrada y Vicente Aparici la necesidad de una reforma de la ley de Costas que impida el derribo de las casas de primera línea de playa, que proteja de modo integral el litoral y que se facilite la instalación de chiringuitos. Por su parte, Aparici y Ferrada se reunirán con el subdelegado del Gobierno, David Barelles, para trasladar las inquietudes de la provincia en materia de Costas. “Cada municipio tiene una casuística distinta, por lo que mantendremos encuentros en las distintas comarcas y haremos frente común en esta reivindicación, de la que no tengo ninguna duda que está en la línea de la reforma prevista por el Estado”, informaron al respecto. LUCHA CONTRA EL PARO // En cuanto a la creación de empleo, los distintos alcaldes y portavoces aseguraron que es necesario un mayor control por parte del Servef de las prestaciones que concede a los desempleados. Además, en el encuentro se intercambiaron diversas experiencias en la creación de trabajos que se están llevando a cabo en los municipios. Por su parte, Peris asistió a la reunión como portavoz de la comisión de Empleo en el Senado y recogió las demandas para transmitirlas a los órganos competentes en Madrid. Por otro lado, también se hizo hincapié en la necesidad de apostar por el sector citrícola. Varios alcaldes coincidieron en que esta actividad es fundamental en muchos pueblos de la comarca, por lo que “es de gran importancia impulsarlo y revitalizarlo” Edición en papel de El Mediterráneo

EL DIRECTOR de El Mediterráneo OPINA

Querido lector: Me decía un conocido empresario turístico de Castellón que los castellonenses debemos ser masocas con el turismo. Me indicaba que en plena vorágine de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, una de las más importantes del mundo, la imagen de unas excavadoras derrumbando el único acceso de Orpesa por la costa al mayor complejo vacacional que tenemos en la provincia, Marina d’Or, demostraba una actitud incomprensible. Este empresario, que no tiene ningún vínculo con la empresa orpesina –y lo digo para evitar susceptibilidades–, se solidarizaba con Marina d’Or al tiempo que echaba pestes contra Costas por la escasísima sensibilidad demostrada, la misma, me decía, que ha demostrado cargándose prácticamente el atractivo turístico de los chiringuitos de nuestras playas o creando el pánico en parte del turismo residencial que posee viviendas a pie de playa en la mitad sur de nuestra provincia. Y la verdad es que mientras nuestros municipios, patronatos turísticos y empresas intentaban en Madrid vender los atractivos de la provincia de Castellón reuniéndose con turoperadores o empresas de ventas on line para colocar plazas, escapadas, contratos y demás, aquí en Castellón Costas ofrecía una imagen, además de inoportuna, intransigente y descoordinada, ya que para mayor choteo el mini-puente sobre el barranco Chinchilla que daba acceso a Marina d’Or y que con cuatro gotas era impracticable se ha derruido para construir uno nuevo, sin tener en cuenta que mientras se construye no podrá accederse por el lugar. Qué les costaba mantener el viejo mientras se hacía el nuevo y comenzar las obras después de Fitur, por ejemplo, me decía este empresario. Pues sí, un esperpento más de película de Berlanga.

Los alcaldes de los municipios afectados por la regresión costera, Nules, Xilxes, Moncofa, Cabanes, la Llosa y Benicarló, se reunirán la próxima semana para tratar de perfilar las estrategias a seguir para pedir al Ministerio de Medio Ambiente que incluya sus reivindicaciones durante la modificación de la ley de Costas. Un cambio que anunció el ministro Miguel Arias Cañete el viernes. La cita, que será convocada por la diputada nacional por Castellón Andrea Fabra, también congregará a los diputados provinciales y a la plataforma de afectados con el objetivo de definir la línea a seguir y pedir una reunión con el nuevo Gobierno. Fabra explicó que “con toda probabilidad no habrá ningún problema para ser recibidos por la administración”. No obstante, Fabra recordó que “el nuevo director general de la Sostenibilidad de la Costa, Pablo Saavedra, acaba de ser nombrado, por lo que hay que dejarle tiempo para que estudie el tema”. Las principales reclamaciones de Castellón al respecto es la revisión de la ley para evitar que las casas situadas en dominio público marítimo sean derribadas y actuar contra la regresión marítima, culpable de que el mar haya ido ganando terreno a la superficie. Los afectados critican que se ordene al derribo de viviendas construidas antes de 1988, cuando se aprobó la normativa. Edición en papel de El Mediterráneo