El primer edil reivindicó al entonces alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y a su vicealcalde, Javier Moliner, que se tuviera en cuenta la necesaria mejora de la vía Almassora.- La remodelación del Camí La Mitgera de Castellón, cuyo inicio ha sido anunciado por el ayuntamiento vecino para finales de año, culminará una demanda histórica de Almassora y, más concretamente, del alcalde de la localidad, Vicente Casanova. El primer edil ha reivindicado esta actuación durante más de media década remitiendo escritos, correos electrónicos y manteniendo reuniones con el que fuera alcalde de Castellón, hoy presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, y quien ocupó la vicealcaldía, Javier Moliner, hoy presidente de la Diputación Provincial de Castellón. Durante el mandato 2003-07, el primer edil reivindicó a ambos mandatarios la necesidad de actuar en el camino, ya que si bien su titularidad recae en el Ayuntamiento de Castellón, ha sido históricamente utilizado por residentes de la playa de Almassora para acceder al litoral del municipio. En este sentido, el alcalde de la localidad ha reclamado de forma constante la reparación de los baches, el asfaltado del tramo más degradado o la colocación de biondas que reforzaran la seguridad del tráfico existente en la vía. Unas demandas reflejadas en un largo listado de correos electrónicos que el primer edil remitió indistintamente a Fabra y Moliner, y que provocó una primera actuación de mejora en el mandato 2007-11. Sin embargo, dada la necesidad de solucionar de forma integral los problemas de este camino de Castellón, Casanova mantuvo de forma insistente y reiterada su petición de actuar con carácter exhaustivo en el tramo de carretera. Así, en los escritos remitidos el 21 de febrero de 2007, el 5 de marzo de 2007, el 25 de julio de 2007 o el 6 de febrero de 2008, entre otros, Casanova mantuvo vivo el requerimiento que habría de culminar, en el primer semestre de 2010, con la mejora integral aprobada por el Ayuntamiento de Castellón. El acuerdo era comunicado por el consistorio vecino a principios de verano del pasado año y el 28 de julio de 2010, el hoy presidente de la Diputación Provincial, Javier Moliner, giraba una visita al camino acompañado por el alcalde. Se iniciaba así un procedimiento administrativo que debía cuajar en la aprobación por parte de la Diputación Provincial de la subvención reclamada por el Ayuntamiento de Castellón para ejecutar la obra. El proyecto se presentó como una actuación a desarrollar en el marco de los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal. Por tanto, el consistorio vecino elaboró una memoria del proyecto que aprobó y elevó a la institución provincial para que esta la aprobara y concediera la subvención parcial con la que se ejecutará el proyecto. Un aval que el Ayuntamiento de Castellón obtenía este verano iniciando así la tramitación para la licitación de la obra que finalmente se adjudicaba el pasado 28 de octubre en el seno de la Junta de Gobierno municipal a la firma Pavasal. “La contratación supuso para nosotros el cumplimiento de un objetivo que hemos reivindicado de forma constante tantas veces como hemos tenido oportunidad”, ha recordado el alcalde de Almassora. Tres meses Cabe señalar que el proyecto que se deberá ejecutar en el conocido para Almassora como Camí La Mitgera, Camí Fadrell para Castellón, está previsto que dé comienzo en breve después de que se realicen los trabajos topográficos previos al inicio material de las obras. La obra, según ha apuntado el departamento de Urbanismo que dirige Miguel Ángel Mulet, se ejecutará durante el primer trimestre de 2012, “de modo que nuestros vecinos puedan emplearla, previsiblemente, a partir del segundo trimestre”. La actuación conllevará cortes temporales al tráfico rodado, “por lo que estudiaremos un plan de tráfico alternativo para que los usuarios puedan acceder a la costa por vías alternativas”. En todo caso, tal y como ha considerado Casanova, “lo importante es que tras años de demandas, el Camí La Mitgera recibirá la mejora que durante tanto tiempo hemos reivindicado”, ha considerado el alcalde de Almassora. Notas de Prensa CV

Data de julio del 1988, pero ahora está generando más polémica que nunca. La ley de Costas ha puesto en pie de guerra a los propietarios de más de 600 casas en el litoral de la provincia de Castellón que están en peligro de ser derrumbadas. El último caso se ha dado en Moncofa, donde el Gobierno central en funciones amenaza con demoler una vivienda en un mes. Esa amenaza se hizo realidad hace tres semanas, cuando se derribó una construcción en Almenara por sorpresa. Pero ¿qué esconde esta normativa que tantos estragos está causando 23 años después de su aprobación? ¿Por qué se pide su modificación y revisión? ¿Por qué Castellón es una de las provincias más afectadas? El asunto ya ha llegado a Europa. COMPETENCIAS // La polémica, además de tener los tintes sociales, económicos y medioambientales, también resucita la reivindicación de que el Estado traspase las competencias en materia de Costas a la Comunitat. Muestra de ello es la moción que el Bloc ha presentado este mismo mes de diciembre “para instar al Parlamento español y a la Generalitat” a asumir esta medida. Mientras tanto, se exige la paralización de los derribos de viviendas en el litoral. Edición en papel de El Mediterráneo

Tanto el alcalde de Moncofa, Jaime Picher, como el de Nules, Mario García, coincidieron ayer –durante la visita que realizaron a la vivienda amenazada de derribo por Costas, en apoyo a su propietario– en que “si el estudio que elaboró la Universidad de Cantabria señala aquellas actuaciones que necesita el litoral, lo que se tiene que hacer es ejecutar las mismas y no esperar a que el mar vaya ganando más terreno, antes la ausencia de obras de envergadura”. Asimismo, el presidente de la asociación de vecinos de Moncofa, Eleuterio Abad, recordó que “el problema es de la Administración central, que es al que tiene las competencias y la que debe tomarse este asunto muy en serio, porque si se acometen las actuaciones que se requieren el mar se alejará paulatinamente de las viviendas y desaparecerá el problema”. Además, exigen una moratoria hasta que se lleven a cabo las medidas de protección litoral. Edición en papel El Mediterráneo

Indignación, fue la palabra que más se escuchó en la mañana de ayer, cuando el propietario de la vivienda que Costas ha ordenado derribar en el litoral de Moncofa –como adelantó Mediterráneo en su edición de ayer– entró en la casa. Y no acudió solo. Junto a él estaban, sin distinción de colores políticos, los alcaldes de Moncofa y de Nules, Jaime Picher (PSOE) y Mario García (PP), respectivamente, así como ediles de la localidad y representantes de la asociación de vecinos de la playa de Moncofa, entidad adherida a la plataforma en defensa del litoral de la provincia de Castellón. Ante la orden de desalojo del inmueble dictada por el Servicio Provincial de Costas, el primer edil moncofense anunció que durante la jornada de hoy “vamos a redactar un escrito para remitirlo al jefe de la demarcación de Costas en Castellón, Ignacio Gil, reclamándole la suspensión de esta tramitación y la paralización de la resolución, con la finalidad de que la vivienda no se derribe”. Y añadió: “Pensamos que derribar una vivienda que se encuentra en pleno paseo marítimo y que es historia viva de esta playa, porque se encuentra ubicada en los orígenes del litoral de Moncofa, es un sinsentido y ahora, si por desgracia sigue el proceso, derribarán un inmueble y quedará un espacio vacío, por eso creo que se puede encontrar una solución, aunque Costas sigue teniendo la última palabra y la llave para evitar el desastre que supone, tanto para el propietario como para la propia playa, el derribo de este tipo de edificaciones”. RAZONES // Por su parte, Mario García, que acudió al lugar en calidad de representante de la plataforma, indicó que “queremos que nos expliquen todo lo sucedido, pero sigo pensando que la demolición puede evitarse, pero por otro lado seguimos sin que se acometan las actuaciones necesarias para la defensa del litoral”. Mientras, Gonzalo Vicente Fenollosa, propietario de la vivienda que Costas pretende derribar, señaló que estudia la interposición de un recurso a la orden, aunque está a expensas de hablar con la plataforma. Aun así, agradeció el apoyo mostrado por el conjunto de autoridades, tanto del PSOE como del PP, a la vez que insistió en que “continúo sin tener ningún tipo de notificación de este tema que ha destapado el periódico Mediterráneo”. Edición en papel El Mediterráneo

La moción del Bloc para exigir una reforma urgente de la ley de Costas que pare los procesos de expropiación y derribos de las edificaciones tradicionales del litoral, aprobada por unanimidad en la Diputación de Castellón y trasladada al Congreso a través del diputado electo de Compromís, Joan Baldoví, se está confirmando como un ejemplo a seguir en otras provincias con la misma problemática. De hecho, vecinos y afectados de otras provincias como Asturias, Galicia, Valencia y Alicante, todos ellos propietarios de viviendas tradicionales edificadas mucho antes de 1988, han comunicado al portavoz del Bloc en la Diputación de Castellón, Enric Nomdedéu, y al diputado electo Joan Baldoví, su agradecimiento por defender sus derechos. Todos ellos destacan la necesidad de proteger los núcleos tradicionales, edificaciones centenarias que se ven en peligro por una ley posterior. El portavoz del Bloc en la Diputación, Enric Nomdedéu, ha aplaudido “el apoyo unánime” a la propuesta de su formación en la corporación provincial y apela al resto de grupos políticos a realizar un esfuerzo para convertir a Castellón en un “punto de referencia en la defensa de las viviendas tradicionales en la costa valenciana, frente a las leyes dictadas desde Madrid sin conocer la realidad específica de nuestro litoral” provincial. Tal como publicó esta semana Mediterráneo, la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense solicitará una reunión con el próximo responsable de Costas cuando se constituya el nuevo Gobierno para explicarle las reivindicaciones de la provincia. La ley de Costas de 1988 prevé el derribo de 600 viviendas. La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría –mano derecha de Rajoy–, prometió el pasado 3 de marzo modificar la citada ley de Costas en una reunión que mantuvo con los afectados y diputados populares. Edición en papel de El Mediterráneo